Recuperar la Sanidad Pública de calidad, paso a paso
Álvaro Castro Sánchez
Rosa María García Naranjo
Continuación de la Parte I (…)
La represión de izquierdas
Las noticias de lo que estaba ocurriendo en otros pueblos eran desoladoras. Las columnas que subían desde Cádiz a Badajoz, o cruzaban de Huelva a Córdoba, comandadas por Yagüe, Castejón o Asensio, solían llevarse docenas de detenidos a los que iban dando muerte por el camino, abandonando sus cadáveres en las cunetas, práctica que se mantuvo de forma sistemática hasta la primavera de 1937. Así, la columna de Castejón, cuando el 7 de agosto abandona Zafra, se llevó a unas cincuenta personas a las que fueron fusilando de siete en siete cada cierto trecho[1]. Sin este clima causado por las tropas sublevadas, no se pueden entender los crímenes realizados por las izquierdas a lo largo de la Guerra Civil, donde especialmente destacan las matanzas de Paracuellos en un Madrid desbordado por refugiados que habían perdido compañeros, amigos, padres, hermanos o esposas de forma despiadada.
A la Palma también llegaron trágicas noticias de pueblos cercanos tomados ya por las tropas rebeldes, como Lora del Río, en cuyos primeros fusilamientos del 8 de agosto fueron asesinados los palmeños Antonio Lozano Caro y José Onieva Cuevas[2]. Hay que decir que todo ello se hacía con la colaboración, o participación directa, de vecinos locales adheridos a Falange u otros partidos golpistas. Solamente en ese contexto se puede comprender lo que ocurrió con las víctimas de derechas en los pueblos o ciudades aún no rendidos a los rebeldes.
En Palma del Río la primera víctima de derechas fue Manuel León Benítez, de 29 años, y perteneciente a F.E. y de las J.O.N.S. Este era una de las personas que escaparon del asalto al cuartel, en el que se había presentado dispuesto a colaborar con el golpe. Al ser encontrado en su escondite, fue ejecutado a tiros en la plaza del Ayuntamiento el 21 de julio. Además, otros falangistas y miembros de las derechas fueron detenidos en sus casas, tales como Rafael Carrasco Torres, el cura párroco Juan Navas o la farmacéutica Blanca de Lucía Ortiz, presidenta local de Acción Católica, en cuya casa parece ser que se habían realizado reuniones de simpatizantes con los grupos políticos golpistas a sabiendas del vecindario. Mientras, un buen contingente de la clase obrera palmeña formó milicias que impidieron en un principio la victoria rebelde en pueblos limítrofes, tales como Posadas, Hornachuelos o Fuente Palmera. Además, las iglesias del pueblo serían nuevamente asaltadas, de modo que se obligó a las monjas del Hospital San Sebastián a vestir como seglares o se quemaron imágenes en las capillas de Nuestra Señora de Belén, de las Angustias y la de la Coronada, y también sufrieron destrozos diferentes archivos de la localidad.
El 6 de agosto se llamó a declarar al Ayuntamiento al antiguo alcalde, Antonio Delgado Jiménez, a Juan Blanco Muñoz y a Francisco Muñoz Villegas, los cuales mataron a su salida en la calle. Algunos días después (entre el 10 y el 12), el médico José Dugo Hens fue herido gravemente tras ser sacado de su domicilio bajo el engaño de socorrer a un herido. Ya el 13 fueron asesinados Ángel Mena Jiménez, de F.E. y de las J.O.N.S., y Rafael Rosa Velasco, también tiroteados en la calle tras declarar en el Ayuntamiento.
El día 15 la ciudad sufrió un pequeño bombardeo que será determinante para lo que sucederá después. El pueblo estaba colmado de refugiados con ansias de justicia y venganza, y en el seno de los jornaleros y militantes locales había división respecto a qué hacer con los prisioneros de derechas (a sabiendas de que muchos de ellos ya se habían ofrecido en ayuda de la sublevación, y por ende, colaborarían con la represión posterior), cuyo número oscilaba entre 40 y 45. El Comité Central estipulaba entregarlos, llegado el momento, a tribunales republicanos para ser juzgados pero, incapaz de contener a un pueblo armado y desesperado, la madrugada del 16 un grupo de milicianos condujo a 33 personas (5 procedentes de Fuente Palmera) en un camión al cementerio, donde los mataron.
La violencia continuó pocos días después, cuando el 19 de agosto Antonio González Moreno fue asesinado en la puerta de su casa y, un día después, la farmacéutica Blanca de Lucía, a la cual arrojaron desde el puente sobre el Guadalquivir[3]. Nunca se encontró su cadáver. Ya el 23, mataron a José Reyes Hens y al malherido José Dugo Hens, al parecer en su propia cama, siendo estos las últimas víctimas de las izquierdas a las puertas de que la población fuese tomada por los militares y fuerzas rebeldes.
Francisco Espinosa calcula que, si en el suroeste andaluz (Cádiz, Huelva, Sevilla, Badajoz y Córdoba) la violencia de izquierdas se saldó con unas 800 víctimas, los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de ocupación fascistas alcanzaron las 25.000[4]. Además, si los líderes locales, en el primero de los casos, tendieron a tratar de impedir tal violencia y someter a los presos de derechas a un juicio justo, tal y como ocurrió en Palma del Río, en el caso de las tropas franquistas la administración del terror, en base al asesinato, la violación, la humillación o el saqueo, estuvo ordenada y planificada por las autoridades, incluso desde antes del golpe militar, ya que formaba parte de su estrategia, lo que les convierte en responsables directos: se trata de la diferencia entre una violencia incontrolada desde abajo y otra planificada y ejecutada desde arriba con el apoyo de algunos sectores reaccionarios de la sociedad. En términos más globales, hay un relativo consenso entre los historiadores en situar el número de víctimas de derechas en toda España en unos 50/60.000, y del resto en 140/150.000, por lo que en Palma se superará con creces la diferencia por la parte de las izquierdas y de población despolitizada e inocente.
En conclusión, en muchos pueblos y ciudades del occidente andaluz no hubo víctimas de derechas y fue habitual que cuando los soldados entraban, se encontrase a estos con vida. Fue más normal que la furia de la población se canalizase hacia los símbolos que identificaban con los apoyos o colaboradores del golpe, tales como iglesias, casinos, domicilios particulares, sedes políticas, etc., así como también, la ocupación y socialización de medios de producción (tierras o ganado) para poder sobrevivir en un contexto de guerra. Sin embargo, hubo pueblos como Palma del Río donde se asesinó a personas de derechas y en muchos casos con extrema violencia, tal y como se ha podido leer en la documentación custodiada en el Archivo Municipal compuesta por testimonios de personas presentadas tras la guerra en la localidad -que hay que analizar con mucha distancia y precaución- o en base a la llamada Causa General, ya que los acontecimientos narrados fueron fundamentales para justificar la represión -durante y tras la guerra- de muchos palmeños que no tuvieron por qué tener una relación directa con los asesinatos. Por último, indicar que los cuerpos de estas víctimas fueron enterrados en una fosa común, aunque los restos se exhumaron el 26 de abril de 1937[5], recibiendo digna sepultura y honores (nombres de calles, monumentos en su honor, etc.), que incluso sobrevivirán a la llamada Transición democrática y llegarán hasta la actualidad. Eso no ha pasado con los represaliados por el franquismo.
En conclusión, los actos violentos cometidos en el periodo transcurrido entre el golpe militar y la ocupación militar por parte de las izquierdas generalmente siempre tuvieron cuatro orígenes: choques con la Guardia Civil cuando esta se sumaba al golpe; enfrentamientos relacionados con la búsqueda de armas o confiscación de bienes; violencia y asesinato en los días previos a la irrupción de las tropas sublevadas; o venganzas que obedecían a casuísticas de largo alcance o que se relacionaban con matanzas ejercidas por las tropas sublevadas en las localidades de las que procedían los huidos que las cometieron. Por ello hay que decir, para concluir, que de no haber habido una sublevación militar, muy probablemente no se hubiesen producido muertes de personas de derechas en Palma del Río[6]. Y también cabe recordar que el componente social de las mismas fueron las clases medias, porque los grandes terratenientes del lugar se encontraban refugiados en Sevilla u otros lugares, y en contados casos serán víctimas directas de la izquierda.
La represión en Palma del Río durante el bando de guerra
Desde agosto de 1936 las fuerzas rebeldes inventaron justificaciones para ejercer la represión, tales como la invención de listas de derechistas no asesinados “por falta de tiempo” (cuando ellos fueron un ejemplo de lo rápido que se puede ejecutar a decenas de personas) o noticias acerca de un supuesto “terror rojo” que se había extendido por Andalucía. Para ello, la prensa y la radio ejercieron un papel manipulador fundamental. No obstante, como ya se ha dicho, la planificación existía desde antes del golpe. Por ejemplo, al final de la base 5ª de las Instrucciones del general Mola citadas anteriormente, las cuales fueron enviadas durante el mes de abril de 1936, se dejaba claro que tras el golpe militar,
“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas.”
Y la base 6ª, aclaraba que
“Conquistado el poder se instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata establecer el orden público, imponer el imperio de la Ley y reforzar convenientemente el Ejército para consolidar la situación de hecho, que pasará a ser de derecho.”[7]
En las Instrucciones se indicaba la extrema violencia a emplear en base a castigos ejemplares a aplicar sobre las poblaciones ganadas a la República. Aunque dichas Instrucciones no son las únicas que recorrieron los núcleos golpistas con anterioridad a la guerra. Por ejemplo, se conocen los detalles de ejecución de las llamadas “Directivas para Marruecos” escritos por el general Yagüe el 30 de junio, diecisiete días antes de comenzar la guerra. Entre los mismos, el historiador Francisco Espinosa destaca algunos como “utilizar las fuerzas moras”, “conferir el mando del orden público y seguridad en las ciudades a elementos de Falange”, “detener a las autoridades civiles españolas que sean sospechosas” o “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”[8].
La División II, que tenía su centro en Sevilla y estaba al cargo de Queipo de Llano, se encontró en el lugar privilegiado, al haber sido el marco inicial de actuación del Ejército de África, para hacer de vanguardia de los repertorios represivos a aplicar sobre las poblaciones. La represión en términos de violencia física y asesinato comenzaba el mismo día en que las tropas ocupaban ciudades y pueblos. Se fusilaba a discreción a personas que tuviesen algún pasado izquierdista, a familiares de los militantes huidos o simplemente se seleccionaba a grupos de vecinos de los barrios pobres y de tradición de lucha, como ocurrió en Palma con las calles Belén o Salvador y el barrio de San Francisco. Pues hay que tener en cuenta que los principales líderes políticos y sindicales habían huido de Palma en el momento de entrada de las tropas y que, por lo tanto, los conocidos fusilamientos del “corralón de don Félix” se ejercieron sobre muchas personas inocentes no vinculadas necesariamente a ninguna actividad político-social. Esto es así porque la matanza estaba ya prevista dentro de un plan militar dirigido a infundir el terror y ordenada para la tropa para cada vez que se tomase un pueblo, y para ello, contaron con la colaboración y connivencia de los patronos locales, parte de la fuerza pública y las nuevas corporaciones municipales (comisiones gestoras) que se instituían el mismo día de la entrada de los soldados.
Dada la prioridad de las tropas rebeldes en asegurar la comunicación entre Sevilla y Córdoba para que esta pudiese recibir ayuda de Queipo de Llano, los pueblos del valle del Guadalquivir y aledaños fueron cayendo poco a poco[9]. La Carlota cae en manos de los facciosos el mismo día 19 de julio, con el fusilamiento de unos 40 presos carloteños a los pocos días en Córdoba y otros muchos en el pueblo (al menos 30 desde el 20 de julio) y las aldeas del mismo, sumando en total unas 100 víctimas. En los pueblos limítrofes se desató la lucha y en muchas ocasiones participó el Comité de guerra palmeño. El 20 de julio llegaron a Hornachuelos para fortalecer el dominio republicano (Hornachuelos cayó el 7 de septiembre tras una temporada en la que se vivió en “comunismo libertario” y sobre la población también se cernió una durísima represión); el 22 de julio colaboraron con Posadas para combatir a los sublevados; el 24 de julio se acudió a Fuente Palmera, donde Jose Bernete “Chimeno” dirigía un asedio al cuartel de la Guardia Civil, los cuales se rindieron y cuyos presos fueron enviados a Palma. El pueblo resistiría hasta el 31 de agosto. La Campana cayó en manos de los sublevados el 1 de agosto, lo que pudo alentar la voladura del puente sobre el Genil de Palma. Lora del Río fue tomada el 9 de agosto cuando Peñaflor, que también fue ayudada por el comité palmeño. En esa lucha, un enfrentamiento con guardias civiles en el canal de riego de La Mallena se cobró la vida de Manuel Franco Navarro, dirigente del comité de guerra palmeño. A Almodóvar le llegaba su turno el 20 de agosto y en Posadas se evacuó al pueblo el día 26 de agosto, como en Palma del Río.
Así, Palma se llenaba de gente que huía de estos pueblos o de la capital, narrando lo que habían presenciado. Con la salida hacia zona republicana únicamente por Hornachuelos, para las tropas rebeldes los enclaves de Posadas y Palma del Río eran fundamentales para poder usar la línea férrea entre Córdoba y Sevilla. El 24 de agosto, José España Algarrada fue informado en Peñarroya de que Palma iba a ser atacada en cualquier momento y de la conveniencia en evacuar al pueblo. Así, tras informar y deliberar con el comité, el propio José España lideró la organización de la defensa de Palma del Río.
Una de las primeras medidas fue la requisa de dinero que se encontraba en los bancos para impedir que cayese en manos de los rebeldes. Así, a pesar de las versiones derechistas del saqueo y robo de bancos que se publicarán tras estos días para justificar la represión sobre las “hordas marxistas”, se pidió que el notario Eloy Pérez levantase acta del dinero requisado del Banco Español de Crédito y del Banco Hispano Americano. También se construyeron parapetos con sacos de tierra en las salidas de la avenida de Córdoba, Santa Ana, calle Ancha, Belén y de la Campana, y se colocaron paquetes de dinamita en el puente sobre el Guadalquivir. Igualmente, se realizaron obras para acondicionar la resistencia armada, que tomó como edificio principal el de Zuñiga.
Ya el 26 de agosto se avistaron las tropas que se acercaban por la carretera de Écija desde la parroquia de la Asunción. También lo hacían desde La Campana y el combate comenzó a mediodía. Las tropas asaltantes pertenecían al Regimiento de Cádiz nº 3 y estaban al mando del comandante Baturones, junto al comandante Morales y el capitán Tello González Aguilar. También había fuerzas paramilitares, como muchos miembros de Falange de Écija. De tal modo, al atardecer el día 26 y ante la imposibilidad de contener a los atacantes se decidió evacuar a la población. Aquellos que deseaban irse -y podían, ya que muchos permanecían atrapados en las zonas controladas por los rebeldes- conformaron un grupo muy numeroso que salió por la calle Sol protegido por una partida de personas armadas. Por la Barqueta, se encaminaron por la margen izquierda del Guadalquivir hasta la altura de la estación de Hornachuelos, donde cruzaron el río y, mientras que algunos se encaminaron a Posadas, otros lo hicieron a Hornachuelos. Otros se irían entrada la noche y aún otros en el amanecer del 27. Entre ellos, se encontraban buena parte del comité y de los líderes obreros palmeños, que se unían a la lucha en España. Comenzaba un éxodo que para muchos duró años y, para otros tantos, significó no regresar nunca a su pueblo.
En la mañana del 27 de agosto de 1936 Palma del Río había caído ante las tropas de Queipo de Llano. Entre muertos y heridos, estos contaron unas 45 bajas, y por parte de los defensores, hubo varios, como Isidro Rodríguez Hinojosa, Mariano Pedraza González y Juan González Serrano. Con el ejército sublevado también hacían su entrada algunos de los terratenientes más importantes de la localidad, destacando a Félix Moreno Ardanuy, que se encontraba en Córdoba desde hacía un mes. Comenzaba así la cruenta fase represiva del Bando de guerra. Esta historia es sabida: se llamó a las personas “de bien” a la plaza del Ayuntamiento y allí se las seleccionó y se las condujo al corralón del Palacio Portocarrero, en el que fueron ametralladas más de dos centenares, siendo conducidas posteriormente en camiones hacia el cementerio. Solo destacar un hecho: los miembros del Comité, así como muchas de las personas significadas política y sindicalmente, ya no se encontraban en el pueblo, por lo que allí murieron mayoritariamente vecinos sin ninguna responsabilidad, víctimas de la política del terror de Queipo. Mientras tanto, se constituía la nueva corporación municipal.
Fue habitual que la primera purga o matanza en los pueblos la ejercieran los Comandantes Militares, los cuales se ponían a disposición de las oligarquías locales. Si bien el principal objetivo era la limpieza política, y por tanto la eliminación de todas las personas con antecedentes político-sociales izquierdistas, las prisiones o cárceles improvisadas se llenaron de gentes consideradas sospechosas por el simple hecho de ser obreros o vivir en ciertos barrios. En los pueblos, como Palma, se realizó concienzudamente la búsqueda de los primeros. De quienes podían quedar, algunos esperaron en sus casas la visita de los falangistas, la tropa o la policía, mientras que otros se presentaron voluntariamente para prevenir un daño mayor sobre sus familias.
Otras víctimas durante el bando de guerra
Como es sabido, la represión en Córdoba capital fue especialmente dura y se calcula que se cobró la vida de unas 4,500 víctimas directas, muchísimas de ellas ya documentadas y enterradas en diferentes fosas comunes, mayormente de los cementerios de Nuestra Señora de la Salud y San Rafael, donde fueron fusilados. Pero hay otras localizaciones, como la zona de Arroyo del Moro, lugar habitual de aquellas primeras sacas donde fue asesinado en una de ellas el palmeño Juan Antonio Castro Muñoz, ferroviario de 58 años que fue ejecutado el 14 de septiembre.
Respecto a víctimas naturales o residentes de Palma del Río en esta primera fase de la guerra en la capital cordobesa, actualmente hemos podido contabilizar 21 asesinados, como el industrial Rafael Ruiz Núñez, de 38 años, o el picapedrero Rafael Barea Gómez, de 54 años y que actualmente está sin localizar (se le dio por desaparecido). Entre las víctimas, también hubo mujeres, como Carmen Romero López, de 30 años de edad, y Ángeles Ruiz Nieto, de 48. Habiendo pasado por la prisión de Córdoba (el actual Alcázar), esta última fue entregada por la Comandancia militar el 31 de octubre a la Guardia Civil y ese mismo día fue ejecutada por los miembros de dicho cuerpo, como dio noticia la prensa falangista[10]. Este tipo de asesinatos expeditivos de palmeños se sucederían en la capital de la provincia hasta la siguiente fase de Consejos de Guerra, y cabe recordar que siempre sin ningún tipo de procedimiento legal y de forma totalmente arbitraria, como el caso de Lucas Barranco Elías, apodado “El Loro”. Jornalero de profesión, a sus 63 años había ingresado en la cárcel de Córdoba el 26 de diciembre de 1935. Se le sometió a un juicio oral por hurto el 16 de septiembre de 1936 y recibirá condena de 4 años y 4 meses el 4 de noviembre de 1936, pero el 9 de octubre ya había sido liberado «para diligencias», siendo fusilado por la Guardia Civil ese mismo día.
Todo esto que acabamos de exponer ha sido presentado por cierta historiografía como “consecuencias de una guerra fratricida”, “excesos de ambos bandos” y el conocido “en la Guerra Civil todos mataron”, argumentos que ya no se pueden sostener a la vista de las investigaciones y documentos que van saliendo a la luz.
Tras los bandos de guerra llegaría “la Justicia del Terror”, a la que se ha referido el historiador José Luis Gutiérrez Molina[11]. Una “justicia al revés” en la que los golpistas que habían acabado con el gobierno legítimo condenaban a quienes se habían atenido a la legalidad y resistido el golpe de estado. Eran los consejos de guerra o Procedimientos Sumarísimos de Urgencia (PSU), que se prolongaron durante la posguerra de forma sistemática y que se caracterizaron por la suspensión de garantías procesales y el afán de aniquilación de los considerados enemigos del nuevo régimen. Palma sumará nuevas decenas de muertos, mientras otros conocerán los campos de concentración, la cárcel, el exilio o el trabajo esclavo, y sus familias, las confiscaciones, la represión económica, el escarnio, el miedo y el hambre. Pero esta historia, una historia en la que la burocracia del terror ya sí puso nombres y apellidos a las víctimas y a los verdugos, la dejaremos para otra ocasión.
[1] Espinosa, F. (2002), op. cit., p. 71.
[2] García Márquez, J. M., Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla 1936-1963 (Sevilla: Aconcagüa Libros, 2012).
[3] Lo acontecido con la farmacéutica ha sido investigado por Antonio León Lillo: “Blanca de Lucía Ortiz. La creación de un relato del franquismo que quiere perdurar en la sociedad actual”, https://cazarreyes.org/blanca-de-lucia-ortiz-la-creacion-de-un-relato-del-franquismo-que-quiere-perdurar-en-la-sociedad-actual
[4] Espinosa, F., La justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz (Barcelona: Crítica, 2006), p. 269.
[5] Archivo Municipal de Palma del Río, Serie Facticia, 326 F II.
[6] Espinosa, F., “Julio de 1936. Golpe militar y plan de exterminio”, en Morir, matar…, p. 67.
[7] Fechada el 25 de mayo de 1936. Los documentos se pueden encontrar en el Archivo Militar de Ávila, Fondos de la Guerra Civil, armario 34, legajo 4, carpeta 8. Se pueden leer completos en la web Badajoz y la Guerra (In) Civil, en [http://badajozylaguerraincivil.blogspot.com/2013/07/intruccion-reservada-numero-uno-del.html], consultada el 6 de junio de 2018.
[8] Espinosa, F., “Julio de 1936. Golpe militar y plan de exterminio”, en Morir, matar…, p. 61.
[9] Desde Sevilla llegó a la capital acompañando a una compañía de Regulares de Ceuta Félix Moreno Ardanuy el día 28 de julio. Se sigue la obra de Moreno Gómez, F. (2008): op.cit., pp. 181 y ss.
[10] Archivo Histórico Provincial de Córdoba, 8317, 140; Azul 1/11/1936.
[11] Gutiérrez Molina, J.L. (2014): La Justicia del Terror. Los consejos de guerra sumarísimos de urgencia de 1937 en Cádiz (Cádiz: Ediciones Mayi, 2014), p. 21.
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