
Álvaro Castro Sánchez
Rosa María García Naranjo
Introducción
Si hay un crimen de lesa humanidad que ha marcado la memoria de las víctimas de la Guerra Civil en Palma del Río, así como de buena parte de sus habitantes durante generaciones, este es el de la masacre a base de fusilamientos expeditivos (es decir, sin juicio) que tuvo lugar en el llamado “corralón de don Félix” (integrado dentro del actual Palacio Portocarrero) el 27 de agosto de 1936, una vez la localidad había sido tomada por el ejército sublevado contra la República. Allí se introdujo por la fuerza a decenas de personas inocentes y se las ametralló sin compasión, salvándose solo algunos de quienes tuvieron la suerte de tener conocidos entre los que colaboraban con los asesinos. Actualmente, hay cuantificadas 208 personas fusiladas y enterradas en diferentes fosas comunes del cementerio palmeño entre el 26 de agosto de 1936 y mediados de 1940[i]. Cuantificadas. Lo cual no quiere decir que sean las únicas, pues al no existir ningún tipo de procedimiento judicial ni documento oficial alguno que decretasen muchos de los fusilamientos, no se hizo ningún registro de las víctimas en el momento. En 2022 y 2023 han tenido lugar dos intervenciones arqueológicas en la más importante de dichas fosas -la de 1936, cercana a la puerta de entrada del cementerio-, para establecer sus dimensiones y características. En la última intervención, en 2023, se han documentado 44 cuerpos. Si estos resultados son extrapolables a la totalidad de la fosa –algo que no sabremos hasta que se culminen los trabajos- el número de víctimas que allí están sepultadas podría duplicarse[ii].
Este hecho fue sumamente grave y así ha sido recordado por numerosos historiadores nacionales e internacionales; y hoy, estamos constatando, con base documental y arqueológica, que la represión desatada por las fuerzas sublevadas contra el gobierno de la II República se cobraron en Palma una cifra de fusilados muy superior a las 208 personas contabilizadas (frente a las 42 personas ejecutadas pertenecientes a partidos de derecha que conspiraron contra la República, afines a los partidos de la derecha o individuos que se ofrecieron para colaborar con el golpe), a quienes también habría que sumar los fusilados en otros pueblos o, especialmente, en Córdoba capital, por lo que la cifra crece de día en día. Si la media nacional de la diferencia entre víctimas de la represión republicana y víctimas de la represión del bando sublevado está, en términos generales, de 1 a 3 (1 de derechas por 3 del bando republicano), en Palma la diferencia se va incrementando notablemente a medida que la investigación avanza.
La colaboración de los terratenientes en crímenes como los del corralón de don Félix fue habitual en toda la Andalucía occidental y Extremadura, y hay que entenderlos desde una doble perspectiva: el espíritu de casta que había llevado a los señoritos a gobernar sus territorios de un modo semi-colonial sintiendo un profundo desprecio por las clases populares, así como los odios acumulados durante décadas de conflictividad social con el campesinado rebelde y politizado. Pues era una creencia extendida entre la oligarquía terrateniente que los campesinos eran una especie infrahumana que merecía la condiciones de vida que soportaban, y tal idea se venía reforzando desde que, hacía al menos dos décadas, estos se habían organizado para hacerles frente y reclamar tierra o derechos.
Los problemas estructurales de fondo, fruto de un reparto injusto de la tierra, venían provocando enfrentamientos desde hacía siglos, una confrontación que además se disparó en diferentes momentos durante la crisis de la Restauración y durante la II República. Sin embargo, las causas económicas y sociales son fundamentales, pero no suficientes para explicar el hecho de una Guerra Civil que costó medio millón de víctimas. Entre otros motivos, porque tensiones muy similares en otros países no provocaron la misma tragedia[iii]. Es cierto que la mayor intensidad de los actos de violencia antes y durante la guerra, como los acontecimientos sucedidos en Palma en febrero de 1936, así como la crueldad ejercida desde arriba por las tropas rebeldes en su planificación y ejecución del terror en connivencia de los patronos locales, se dio en aquellos lugares donde existía un largo conflicto del pueblo trabajador con sus elites debido al significativo sindicalismo obrero y campesino y su capacidad reivindicativa y huelguística, tal y como era el caso de Palma del Río y del Occidente andaluz en general[iv]. Pero la tesis del perenne enfrentamiento de clases o el mito de las dos Españas, que diluyen la responsabilidad en una especie de “posverdad” que los hace a todos culpables, tiene que acompañarse de algo que hoy día está totalmente documentado: el afán golpista de una parte de la sociedad española inserta en el Ejército, los partidos políticos monárquicos y fascistas y parte de las fuerzas de seguridad del Estado, todo ello con el apoyo de los sectores más intransigentes de la Iglesia y también de la aristocracia y alta burguesía españolas, que nunca aceptaron ni la democracia ni perder un ápice de sus privilegios en favor de los más pobres, que además osaban politizarse. Sus herederos de hoy ya sabemos dónde militan. Es decir, si hubo una cruenta guerra es porque hubo un golpe de estado planificado por esos grupos de la sociedad española que fracasó el 18 de julio de 1936 gracias, en aquellos primeros días, a la autodefensa armada por parte del pueblo. Como era de esperar, las represalias y la limpieza política planeada fueron brutales[v].
Guerra Civil en Palma del Río
La legitimación del golpe militar del 18 de julio, con el argumento de que la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero había sumido a España en el caos, fue la justificación que los propios militares hicieron de un “alzamiento” que, hoy día, el revisionismo historiográfico derechista, relatos familiares, algunos políticos, así como personajes públicos que juegan a saber de historia siguen repitiendo. El propio general Mola, principal organizador militar del golpe, decía en la primera de sus Instrucciones Reservadas que:
“Las circunstancias gravísimas por las que atraviesa la Nación, debido a un pacto electoral que ha tenido como consecuencia inmediata que el Gobierno sea hecho prisionero de las Organizaciones revolucionarias, llevan fatalmente a España a una situación caótica, que no existe otro medio de evitar que mediante la acción violenta”.
Entre otros especialistas, Ángel Viñas ha señalado que aquel fue uno de los bulos más importantes de los difundidos por parte de la jerarquía militar, presa de su concepción patrimonial de la nación y del papel salvífico que el Ejército se había atribuido desde el siglo XIX. Animada por el miedo al problema catalán y al bolchevismo, así como a la perdida de prebendas para el estamento militar, dicho bulo se hizo cundir en los cuarteles para preparar el ambiente adecuado de cara a la adhesión al golpe. El texto citado de Mola, principal organizador del golpe, fue escrito entre abril y mayo, justo en los días en que Calvo Sotelo o Gil Robles atacaban al gobierno Republicano haciéndoles responsables de una supuesta guerra social abierta[vi]. No obstante, como han mostrado historiadores como Eduardo González Calleja, tal guerra no era tal y caben muchísimos matices, especialmente de ritmos, tipos de conflicto y contextos; y ambos políticos derechistas jugaban la estrategia de la crispación por la vía de la exageración de los acontecimientos. Ya se ha dicho que la conspiración venía de antiguo y a las vísperas del verano de 1936 el apoyo de la Italia fascista se convirtió en fundamental. El Bloque Nacional de Calvo Sotelo ya había tenido contactos con el régimen de Mussolini en 1934 (y previamente, en 1932, a través de figuras como el marqués de Viana, propietario de Moratalla), y el 1 de julio, el mismo día que el líder político alababa al fascismo en el Congreso, se firmaba en Roma la compra de 40 aviones, ametralladoras, gasolina, 12.000 bombas y proyectiles perforantes por un valor que hoy día sumaría 339 millones de euros, pagados con el dinero, de entre otros, el banquero Juan March, quien en marzo de 1936 había enviado medio millón de liras para sufragar una guerra que se presumía corta[vii]. Por otra parte, ya se sabe que José Antonio Primo de Rivera recibió por parte del gobierno fascista italiano una asignación mensual desde comienzos de 1936, la cual se abonaba por medio de la embajada de París[viii]. Por tanto, el golpe militar se venía buscando desde los inicios de la democracia por quienes no estaban dispuestos a aceptar sus imposiciones.
Los conspiradores, que habían barajado diferentes fechas para su golpe (20 de abril, 24 de junio, 29 de junio), tejían la red necesaria entre militares dispuestos y militantes de la extrema derecha, desde lo nacional a lo local. En la provincia de Córdoba, fueron determinantes las actividades de José Cruz Conde (político y terrateniente), Eduardo Quero (militar retirado) y Rogelio Vignote (jefe local de Falange), teniendo como principales espacios conspiradores el Círculo de Labradores, la Unión Mercantil y el Círculo de la Amistad. En Palma del Río, no podemos olvidar que Félix Moreno Ardanuy ya había sido detenido en 1932 por prestar su apoyo al fallido golpe de estado de Sanjurjo contra la II República. La conspiración venía de lejos, repetimos, y los acontecimientos desatados tras febrero de 1936, así como la muerte de Calvo Sotelo, solo la aceleraron.
El asesinato de Calvo Sotelo el 14 de julio (en represalia al asesinato, en manos de la extrema derecha, del teniente Castillo el 12 de julio) precipitó los acontecimientos. El 17 se activaba la sublevación en Melilla, Tetuán y Ceuta. El sábado 18 de julio a eso de las dos de la tarde Queipo de Llano dio la señal de salida desde Sevilla de las guarniciones comprometidas con la sublevación, siendo cuestión de horas que ciudades como Jerez de la Frontera, Cádiz o la propia Sevilla cayesen en poder de los golpistas. Desde la noche de antes los rebeldes de la capital cordobesa habían permanecido en vela en el Círculo Mercantil de la calle Gondomar, mientras que la corporación municipal, con el alcalde Sánchez Badajoz, se concentraba en el Ayuntamiento. Fue sobre las 14:30 del 18 de julio cuando Queipo de Llano telefoneó al coronel Ciriaco Cascajo para que proclamase de inmediato el bando de guerra en Córdoba. Según Moreno Gómez, los golpistas contaron con la pasividad del gobernador civil Rodríguez de León, mientras que a las 15:00 los sindicatos declaraban la huelga general[ix]. A las 17:00 la tropa ya estaba formada en el cuartel de Artillería, al que acudieron un centenar de simpatizantes del golpe, los cuales se encontraron con la oposición del capitán Tarazona, jefe de la Guardia de Asalto, que a pesar de su ideología conservadora, se mantuvo fiel a su deber respecto a la República y al gobierno legalmente constituido, lo que le costó la vida[x]. Así, la lucha en la capital tardaría muy poco en llegar y, para el 19 de julio, la sublevación triunfó en una capital que sufrirá una larga y tremenda represión, cifrada en más de 4.500 víctimas fusiladas durante la guerra. A partir de ese día, los rebeldes establecieron su prioridad en dominar el extrarradio de la ciudad y asegurar el triunfo en los pueblos de la provincia, donde tuvieron un destacado papel las razzias comandadas por el torero Antonio Cañero.
La noticia del golpe llegó a Palma del Río a través de las alocuciones radiofónicas que dieron noticias desde la mañana del 18. Radio Sevilla (Unión Radio) comenzó a emitir las alocuciones de Queipo de Llano mientras que Radio Córdoba emitió el parte de guerra del coronel Cascajo durante toda la tarde. A la vista de las noticias, para la tarde-noche, militantes del Frente Popular y de la CNT organizaron una asamblea popular a las 22:00 horas en la plaza del Ayuntamiento. José España Algarrada, hijo del alcalde Antonio España, y líder de las JSU, tuvo la palabra y se conformó un “Comité de Defensa de la República” que tomó el poder en la localidad sustituyendo a la corporación municipal. El mismo estuvo integrado por José España, Rafael Limones (PSOE), José Franco Navarro (PSOE), Diego Moreno Mesa, José Arriaza Cuenca (CNT-FAI), Manuel López Rosa (CNT), Antonio Franco Ruiz (CNT) y Diego Fernández Águila (PSOE). Su sede se quedó en el Ayuntamiento y se crearon dos más, el Comité de Guerra, integrado por prácticamente los mismos miembros, y el de Abastos, coordinado por José Acosta Manzano (JSU).
Entre las primeras medidas a tomar se encontró la requisa de armas, de modo que el día 19 un grupo de unas diez personas se dedicó a registrar cortijos del término municipal para ello. Por su parte, ese mismo día por la mañana un grupo de falangistas se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil para ofrecer sus servicios a la sublevación “en caso de algún movimiento”, según las palabras del sargento Máximo Patón[xi]. A ellos se sumaron otros derechistas palmeños pero todos, como el caso de los fascistas, pertenecientes a las clases medias locales (maestros, profesionales liberales, artesanos, barberos, etc.), pues entre ellos no se contaba ningún terrateniente ya que estos no se encontraban en la villa. Hicieron presión al sargento para que el cuartel se uniese a la rebelión militar, lo cual se produjo al conocerse la noticia del triunfo de la misma en Córdoba, pues para entonces todos los puestos de Guardia Civil habían recibido telegramas y órdenes de sublevación desde el cuartel de Artillería de la capital o del nuevo Gobierno Civil, mandándoles proclamar el bando de guerra, incautar los Ayuntamientos, clausurar los centros obreros y detener a sus líderes.
El Comité intentó establecer sin éxito conversación vía telefónica con el cuartel y se envió a Antonio Delgado Viro como interlocutor, quien acabó pidiendo la rendición de la plaza. También acudió Juan Acosta Manzano, a petición del sargento ya que tenían amistad, y este le explicó que no podía seguir siendo leal a la República por órdenes de sus superiores. De tal modo, el Comité dio orden de asaltar el cuartel, cuya resistencia duró hasta el atardecer del día 20. Se apresó a los que había dentro excepto a Manuel León Benítez, Joaquín Fuentes Fernández y Santiago Morales Carmona, que lograron escapar. También se liberó a dos de los seis guardias civiles que lo integraban por “buenas personas”. Se condujo a los rebeldes al Ayuntamiento, donde se les encarceló, y se requisó un gran número de armas (alrededor de 50 fusiles, 70 rifles de montería, escopetas, pistolas, etc.).
El Comité organizó milicias bajo el mando de Manuel Franco Navarro y estableció puestos de guardia (puente sobre el Guadalquivir, puente sobre el Genil, cruce de Santa Ana, campanario de la Parroquia de la Asunción, fábrica de la harina, mesa de San Pedro, calle Ancha en su cruce con Avenida de la Campana, farmacias y Ayuntamiento; también un grupo de milicianos estableció un puesto de guardia cerca de El Calonge). Algunos de los integrantes de estos grupos eran soldados uniformados que estaban en periodo de permiso en Palma del Río. Por otro lado, había que organizar el abastecimiento de la población. El dinero de curso legal se cambió por vales y cartillas familiares expedidas por el Comité, que controlaba así la práctica de acaparar alimentos y la especulación. Este se hizo responsable de la requisa de productos de los cortijos y huertos cercanos emitiendo unos vales por el valor de lo que se llevaban, lo que afectó sobre todo a los mayores propietarios y los comerciantes de toda la zona. Asimismo, el Comité de abastos proporcionaba harina a las panaderías para después retirarles el pan. Dirigido por Juan Acosta, el lugar de reparto de los productos se estableció en el Convento de Santo Domingo, donde se formaban largas colas, mientras que la carne se repartía en el matadero del Rioseco. Para abastecerlo, todas las mañanas un grupo de milicianos salía a matar ganado, lo que afectó directamente al terrateniente más poderoso de la población, Félix Moreno Ardanuy, quien según testimonio de su hijo perdió entre 90 y 100 reses[xii]. Muchos palmeños y palmeñas comieron carne por primera vez en bastante tiempo. También hubo otras muchas confiscaciones, como tejidos, vinagres, vinos o chacinas.
La radio era el medio de información más importante y gracias a ella se tenían noticias del exterior. También lo era el gran número de personas que llegaban a Palma huyendo de otros pueblos amenazados o ya tomados por unas tropas rebeldes que, desde el día de su entrada, ejercían una extrema violencia sobre la población, especialmente en el territorio que caía bajo el mando de Queipo de Llano, con las tropas regulares de Marruecos en vanguardia.
Las alocuciones radiofónicas del general desde Unión Radio de Sevilla eran aterradoras:
«Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: ¡Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas! Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros; que si lo hiciereis así, quedareis exentos de toda responsabilidad.
¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré.
Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos, que ahora por fin han conocido hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará.
Ya conocerán mi sistema: Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello; les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar.»[xiii]
Nunca pueden causar algo bueno el miedo y la desesperación, y coincidimos con la opinión de Antonio León Lillo acerca de la incapacidad del Comité para poder controlar la convivencia y la paz en un pueblo herido, asustado y cada vez más poblado de muchas personas (Lillo habla de unas 3.000) que venían de experimentar la violencia de Queipo en amigos, familias o vecinos, a quienes dejaron huidos, violadas, presos o asesinados. Es por ello, como ocurrió en otros lugares de España, que los gobiernos locales tuvieron muchas dificultades para controlar la violencia y las represalias sobre la población de derechas en el marasmo de la casuística violenta que genera toda guerra civil.
(…)
[i] Esta cifra, no definitiva, es el resultado de investigaciones en archivos históricos y registro civiles, como las de Antonio León Lillo o Francisco Moreno Gómez; del Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palma del Río, que ha recogido testimonios orales al respecto; así como lo registrado en la documentación del Archivo Histórico Militar del Tribunal Territorial Segundo de Sevilla, recopilado por Antonia Arroyo Sobrino.
[ii] Ambas intervenciones arqueológicas han sido llevadas a cabo bajo la dirección de la arqueóloga Elena Vera Cruz. Sobre cómo iban desarrollándose los trabajos se puede encontrar información en la web del Foro por la Memoria Histórica de Palma del Río y en prensa; asimismo, la revista Saxoférreo publicará próximamente un artículo de la arqueóloga sobre las actuaciones en las fosas comunes del cementerio.
[iii] Casanova, J., “Una dictadura de cuarenta años”, en Casanova, J., Espinosa, F., Mir, C. y Moreno, F., Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco (Barcelona: Crítica, 2002), pp. 3-10.
[iv] Cobo Romero, F. (2004): Revolución campesina y contrarrevolución franquista en Andalucía (Granada: Comares, 2004), pp. 236-237.
[v] Un riguroso estudio que documenta los preparativos de la conspiración y el papel de sus principales protagonistas en Viñas, Á., ¿Quién quiso la Guerra Civil? (Madrid: Crítica, 2019).
[vi] Viñas, Á., “Las justificaciones primarias del 18 de julio (VII). La salvaje violencia frentepopulista”, en la web personal Ángel Viñas, La historia no se escribe con mitos, en [http://www.angelvinas.es/?tag=general-mola], consultada el 5 de junio de 2018.
[vii] Al respecto, Viñas, Á., Los mitos del 18 de julio (Barcelona: Crítica, 2013).
[viii] Hay que decir que parte de ese dinero no le llegó por hallarse preso, Moreno Gómez, F., 1936: el genocidio franquista en Córdoba (Barcelona: Crítica, 2008), p. 36.
[ix] Moreno Gómez, F., op.cit., pp. 54-58.
[x] García Parody, M., Manuel Tarazona. Un caído por la libertad y por España (Sevilla: Espuela de Plata, 2017).
[xi] Las personas de la Falange Española local que se ofrecieron fueron Laureano López Pérez, Rafael Díaz López, Julio Doblas Cabrera, Juan Ruiz Rodríguez, Manuel Ruiz Gálvez, Salvador Jiménez Ríos, Ramón Valle Díaz, Ernesto Higueras Manzano, Santiago Morales Carmona, Antonio Rodríguez Díaz, Manuel León Benítez, Juan Rosa Velasco, Joaquín Fuentes Fernández, Antonio Rodríguez Díaz, Ricardo Romero Sánchez, Ángel Romero Sánchez, Basilio Romero Sánchez; véase Lillo, A., Palma del Río, 1936-1952 (Córdoba: Diputación Provincial, 1990), p. 260. Si no se indica lo contrario, seguimos la investigación de Lillo sobre lo acontecido en Palma del Río entre el 18 de julio y el 27 de agosto de 1936.
[xii] El terrateniente se encargaría de elaborar un informe que contabilizaba unas pérdidas de 575.000 ptas. contando desde el día 20 de febrero (75.000 entre esta fecha y el 18 de julio, 500.000 desde este hasta el 26 de agosto), Archivo Municipal de Palma del Río, Serie Facticia, 337M III.
[xiii] Gonzalo Queipo de Llano (transcripción de un discurso radiado; editado en La Unión, 26 de julio de 1936). Cabe recordar que el cuerpo de este sanguinario ocupó hasta noviembre de 2022 un lugar de honor en la Iglesia de la Macarena de Sevilla, y que dos cofradías de la capital sevillana mantienen sus nombres en su honor.