Regando a manta
“O repartimos el agua de regadío con un criterio social, beneficiando a los pequeños y medianos agricultores que viven del campo en lugar de a los grandes propietarios latifundistas, o perderán los mismos de siempre”.
Esta es la conclusión de Luis Berraquero (Greenpeace) en las recientes jornadas organizadas en Palma del Río por Cambiemos Palma sobre las alternativas a nuestro actual modelo agrario, que ya se ha revelado como insostenible.
Rosa Mª García Naranjo.
La burbuja del regadío en el Estado Español es el informe de Greenpeace donde se exponen las conclusiones de la organización al respecto. Según datos recientes de la organización ecologista, en el Valle del Guadalquivir el 37 por ciento de las aguas subterráneas están en mal estado cuantitativo y el 64 por ciento en mal estado químico. Aunque este no es un dato real debido al regadío ilegal, pues en el entorno de Doñana, por ejemplo, hay 88.000 hectáreas de regadío ilegal.
La población de agricultores desciende y el regadío, sin embargo, no para de crecer. Los agricultores abandonan los campos como medio de vida, hay menos número de explotaciones agrarias y hay menos agricultores, pero el regadío crece a ritmo chino… en beneficio de los latifundios.
Recientemente, Greenpeace ha estudiado la superficie cultivada andaluza, los acuíferos y su estado, la contaminación por nitratos y los cambios climáticos que ya se han producido. Esto les ha permitido obtener las áreas críticas. En nuestro valle del Guadalquivir 784.000 hectáreas están en zona crítica y de aquí al 2040 se calcula que haya una disminución de precipitaciones del 11 por ciento, según explicó el representante de Greenpeace.
Se necesitará más agua para regar pero habrá menos agua. La conclusión es que en nuestro valle se deberían reducir de 25.000 a 42.000 hectáreas de regadío (dependiendo del escenario que se dé, más o menos intenso). Y el campo es un sector fundamental. Las consecuencias sociales serían brutales puesto que nuestra agricultura supone el 5,7 por ciento del PIB de Andalucía y más del 50 por ciento de los municipios de más de 4.000 habitantes tienen como principal fuente de empleo la agricultura, señaló Berraquero.
Andalucía se caracteriza por el estrés hídrico, es decir, que la cantidad de agua que se extrae del ecosistema es mucho mayor que la posibilidad de ese ecosistema de regenerarse. En lo que respecta al agua almacenada, 56.039 Hm3 es la capacidad de almacenamiento de agua que tiene España a día de hoy. En 2022 la capacidad de almacenamiento fue la máxima de su historia. En el Guadalquivir esta capacidad es de 8.028 Hm3 y tenemos actualmente 1.500 Hm3. A partir de 2014 se rompe por primera vez, desde que hay registros, el ciclo de que las sequías no duren más de 5 años. El ciclo se ha alargado e intensificado, explicó.
En cuanto al agua subterránea, la disponibilidad de nuestro país se estima en 400.000 Hm3, aunque sólo se pueden extraer de forma sostenible 35.000 Hm3. El problema es que el 44 por ciento de esas aguas subterráneas están en mal estado (por contaminación química, residuos de granjas ganaderas…) y no se pueden usar para beber. La UE nos obliga a que antes de 2027 nuestras masas de agua estén en buen estado cualitativo y cuantitativo. O vendrán las multas. «Y el caso es que no llegamos».
La conclusión es clara: “la transición hídrica se hará sí o sí; o la hacemos de forma ordenada o la sequía la hará de golpe y perderán los de siempre. La propuesta es eliminar el regadío ilegal, reducir la cabaña ganadera industrial y potenciar las explotaciones extensivas familiares, repartir el agua en función de qué agricultura se hace y que beneficios sociales representa, priorizar lo social y apoyar las pequeñas explotaciones. Todo esto beneficia a los pequeños agricultores no a las grandes empresas”.
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