Rosa María García Naranjo
Que el agua es un bien común nadie puede dudarlo a estas alturas. Que se gestione como tal ya es harina de otro costal. Para Joan Corominas (experto en aguas y vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua) la gestión social del agua nunca existió, algo que se han propuesto cambiar los integrantes de la Mesa Social del Agua. Para presentarla, estuvo Corominas en Palma del Río, invitado por Cambiemos Palma.
Pero ¿qué es eso de “Mesa Social del Agua”? Se trata de una entidad formada por 13 entidades entre las que se encuentran organizaciones agrarias, ecologistas, sindicatos… Todos ellos han abierto el debate acerca de qué gestión queremos para nuestras aguas porque, “aunque la Constitución recoge que somos un Estado social y de derecho, la realidad es que los grandes latifundistas son los grandes usuarios del agua y la Ley del Agua vigente (de 1985) no contempla un criterio social para su uso”. Es decir, que siendo un bien común de hecho no lo es de derecho.
Según Corominas, en España el 96 por ciento del uso del agua es para la agricultura, y resulta que el 85 por ciento de esa superficie agrícola está en manos de un 10 por ciento de grandes propietarios. “Esta es la realidad, aunque la idea más extendida es que son los hogares y la industria los que consumen más agua, y no es cierto. El agua que consumimos en los hogares se depura y vuelve al ciclo del agua de nuevo; el agua que consumen las grandes explotaciones de agricultura intensiva no, la exportamos en forma de productos agrícolas cuyo margen de beneficios reciben los grandes operadores”. En el otro extremo, casos como el de Los Pedroches, “cuyos habitantes no tienen agua potable desde hace seis meses mientras a la Junta de Andalucía no le preocupa”.
Este experto, que fue Director de la Agencia Andaluza del Agua, señaló que la Unión Europea considera insostenible que el índice de explotación del agua esté por encima de 20: en Andalucía está en 50 y la causa principal es el regadío. La cuenca del Guadalquivir no es capaz de atender la demanda de agua y el abastecimiento está en el umbral de emergencia, con embalses que empeoran su estado cada vez más. “En los últimos 10 años sólo se ha atendido el 77 por ciento de las demandas de regadío, es decir, que no se ha podido dar el 23 por ciento porque no se podía sostener. Esto nadie lo quiere ver pero cuando dé la cara pagarán los de siempre”, añadió.
Corominas es claro al afirmar que “el Plan Hidrológico dice de aumentar en 30.000 Has el regadío, cuando sería necesario reducir; pero es importante también ver qué tipo de actividad de regadío hay que potenciar y dónde reducir: potenciar la que genere empleo de calidad, pensar en el tipo de cultivo, su utilidad social y económica y qué agricultores están detrás”. Sólo 22 agricultores poseen más de 100 Has en el entorno de Doñana y son los que copan el agua: latifundistas dueños de grandes explotaciones, como la casa de Alba, que posee además 250 Has de riego ilegal en el entorno del parque natural. Los mismos propietarios que se benefician de las subvenciones de la PAC. ¿Tienen que tener ellos preferencia en el agua, cuando ni siquiera viven del campo? ¿O la tienen que tener las miles de familias que viven de él? Es la pregunta del millón.
Otra gran mentira señalada por este experto es que aumentar la extensión del regadío aumentará la renta media por hogar. Sin embargo, según datos del INE, en los últimos años aparecen en la lista de los municipios más pobres localidades como Níjar, Albuñol o El Egido, todos ellos dedicados al regadío. Para Corominas, “la rentabilidad se obtiene más por un buen precio que por aumentar la producción”. Y pone como ejemplo el olivar, que ha multiplicado su producción por dos con el regadío pero el precio ha caído un 75 por ciento. Han perdido el olivar tradicional de secano y el de montaña ¿quiénes han ganado?: las plantaciones intensivas en manos de grandes latifundistas y de fondos de inversión”.
La conclusión es clara: hay que buscar mecanismos de transición justos y las instituciones del agua tienen que gestionar en beneficio social, no de los grandes latifundistas”.
Organizaciones que forman la Mesa del Agua: AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento), CCOO, Ecologistas en Acción, Facua, WWF, Seo BirdLife, Nueva Cultura del Agua, CIREF, Greenpeace y UGT, Fundación Savia, UPA, COAG.